Los sismos cimbran la reciente Ley de Asentamientos Humanos

Los terremotos cambian el paradigma de la ley de desarrollo urbano, que deberá poner énfasis en la seguridad de las personas ante desastres naturales.

Nota del editor: Esta nota se publicó originalmente en la edición especial digital de la revista Obras, en enero de 2018, El diseño robotizado, ¿enemigo o aliado?

Los sismos del 7 y 19 de septiembre, que afectaron a media docena de estados, dieron un viraje al planteamiento con el que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano busca modificar la forma en la que se diseñan las ciudades.

Los daños ocasionados en más de 150,000 viviendas obligaron a pensar en una ley que fuera acorde con la realidad de un país en el que 64% del territorio puede verse afectado por distintos desastres naturales, explica Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En ese contexto, el funcionario señala que el eje de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial ya no puede enfocarse solo en el Derecho a la Ciudad —acceso a vivienda, espacios públicos, movilidad, etcétera—, como se pensó cuando se impulsó la Ley de Asentamientos y la Nueva Agenda Urbana, pues ahora hay una nueva prioridad: el derecho a la seguridad en las construcciones y a la vida.

 

“Tuvimos que voltear la cara hacia la ley y se empezó a hablar de resiliencia, de prevención y de atlas de riesgo […], ahora es un tema de seguridad humana: o te asientas donde debes o te mueres”, enfatiza González en entrevista para Obras.

Los faltantes

A un año de la promulgación de la Ley de Asentamientos, ninguna entidad cumplió con la homologación de sus legislaciones y programas locales a la Ley General. El plazo constitucional para hacerlo venció el 28 de noviembre. El congreso de Nuevo León aprobó su ley, pero hasta el cierre de la edición no se había publicado.

Antonio Atempa Tuxpan, coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística, señala que aunque algunos estados —como Jalisco y Sinaloa— realizaron foros en aras de adaptar su ley, ninguno concretó la armonización.

Sobre esto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado, Francisco Búrquez, considera que la armonización se podría frenar debido a que muchos de los estados que no han homologado sus leyes se encontrarán en periodo electoral.

“Es de esperarse que los trabajos se queden congelados hasta la entrada de un nuevo congreso o gobierno”, afirma el legislador panista, quien reconoce que tanto la aprobación de la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios, de Personas Morales y Catastros, como la reforma para fortalecer a la Procuraduría Agraria están atorados en el Senado.

Lo que se logró

Uno de los avances fue la creación del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que permitirá tener más y mejor información sobre las urbes. En relación con la anterior, González Tiburcio explica que ya cuentan con 56% de la información pública y federal, pero aún falta la parte privada.

Los expertos señalan que aun cuando hay temas pendientes, los cambios en el desarrollo de las ciudades no se concretarán en el corto plazo, por lo que pasarán algunos años antes de verse reflejados.

En cambio, comentan que la ley dio un paso importante al recuperar la rectoría del Estado en materia de desarrollo urbano, y en pensar en un plan transexenal que transcienda gobiernos y responda a las necesidades de un país en constante cambio.

“La ley demostró romper con muchos de los tabúes que existían dentro del mainstream urbano, principalmente sobre el rol que debe jugar el gobierno en la construcción de las ciudades”, dice Búrquez.

Por su parte, González Tiburcio destaca que con esta legislación, por primera vez se plantea una visión a 20 años de cómo tenemos que asentarnos en el territorio y dónde se debe construir tomando en cuenta los derechos humanos y sociales, como el acceso a la vivienda, a los servicios y a la movilidad de la ciudadanía.

Fuente: www.obrasweb.com